Por:
Francisco Alfaro Pareja
Venezuela vive hoy uno de los momentos más aciagos de
su historia republicana y democrática.
El 12 de febrero de 2014 marca un punto de inflexión en la dinámica de nuestro
tiempo. La polarización y la exclusión política de los últimos años han
generado un proceso de radicalización en las acciones de protesta de un sector
de la población que no se siente reflejado institucionalmente, a pesar de
representar electoralmente, al menos, el 50% del voto popular. A su vez, la
reacción del gobierno nacional ha sido de más violencia.
Muchas son las causas para que los venezolanos
hayamos llegado hasta aquí, pero sin lugar a dudas, la principal es el
progresivo abandono de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
por parte del gobierno nacional, como espacio de consenso entre los
venezolanos.
Así como es posible asegurar que un importante sector
de la oposición conspiró activamente al menos hasta el año 2005 buscando
salidas no constitucionales, es posible señalar que un sector importante del
gobierno del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro, viene conspirando
contra la Constitución desde el año 2007, fecha en la que la propuesta de reforma
constitucional fue rechazada por referéndum consultivo.
Contra la Carta Magna se conspira - por citar algunos
ejemplos - al involucrar a la Fuerza Armada Nacional en actos de proselitismo
político o con la reincorporación de políticos activos y electos popularmente por
un partido a su seno; al hablar de Comunas y Estado Comunal, en vez de
Municipios y Descentralización; al hablar de Revolución y Socialismo en vez de
hablar de Democracia y Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; al
retrasar la fecha en el nombramiento de
los representantes de los poderes Judicial, Moral y Electoral; al instalar la
reelección continua para cargos de elección popular (contraviniendo el
principio de alternabilidad señalado en el artículo 6); al nombrar una directiva
y presidencias de las Comisiones de la AN de manera unilateral y unicolor (contraviniendo
el principio de pluralidad política contenido en el artículo 2); al usar listas
políticas que restringen la igualdad en el derecho al trabajo en instituciones
públicas; al presentar una sola versión de los hechos a través de los medios
públicos del Estado; al manipular la enseñanza de la historia en los planteles
de educación primaria y secundaria y en los medios de comunicación; al no
presentar ante la Asamblea Nacional la lista de responsables por la malversación
de las divisas extranjeras en 2013.
En ese sentido, si queremos que se avance en un
verdadero diálogo, si realmente hay voluntad política para que la Comisión
Nacional de Paz sea ese espacio para la regulación pacífica del conflicto, es
necesario retomar previamente el hilo Constitucional, respetar su articulado y creer
en sus principios y valores amparados en el artículo 2. Nada más ni nada
menos. De lo contrario se conspira
activamente contra la paz y la convivencia democrática de los venezolanos. Si
esta Constitución ya no representa el sentir de un sector político importante
del país, entonces debe proponer su reforma o su derogación a través de una
Asamblea Nacional Constituyente.
Creo prudente recordar y parafrasear las palabras del
Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, en la reunión realizada en Miraflores, el
pasado 18 de diciembre, cuando le dijo al propio presidente Maduro, en cadena
nacional, que después que la oposición había adversado el proyecto de Constitución
en 1999, este había calado como la carta magna para el encuentro de todos los
venezolanos, al ser la propia oposición quien la defendió en el año 2007. Recuerdo
que Maduro aplaudió esta intervención. En la afirmación de Blyde está la clave, porque re
identifica el espacio común que nos une a todos los venezolanos: la
Constitución.
(Artículo publicado en el diario 2001)
