Por Francisco Alfaro Pareja
@franciscojoseap
El día de ayer se produjo la aprobación en primera discusión de
la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la oposición
venezolana. Dicho proyecto busca recomponer el tejido social y solventar las diversas
escaladas del conflicto político que se han venido produciendo en Venezuela
desde 1999 y en donde se han presentado actos de violencia, víctimas mortales,
impunidad en determinados, violación del orden constitucional, presos
políticos, juicios viciados, todo ello en medio del deterioro de los canales
institucionales y sociales que ha venido sufriendo el país. En dicho marco se dio
un debate muy acalorado entre esta bancada y la del Polo Patriótico afín al
gobierno nacional.
Si bien es fundamental hacer revisión exhaustiva al contenido
de la ley, lo que ameritaría una nueva publicación en este blog, este post
busca centrarse en el tema de la comunicación entre los interlocutores de los principales
bandos políticos en Venezuela desde el punto de vista de los estudios de conflicto.
La intervención de dos de los voceros más icónicos de ambos sectores Diosdado
Cabello y Henry Ramos Allup permiten realizar algunas reflexiones (Este es el
link del debate https://www.youtube.com/watch?v=BrZjaFWDjXg
)
Al escucharlas se evidencia que:
1) En Venezuela el conflicto político aún no ha madurado como
para conducir la posibilidad del diálogo, la memoria, la reconciliación y el
perdón. Las heridas están más abiertas que nunca.
2) Una ley de Amnistía que vaya de 1999 hasta el 2016, tal
como manifiesta Cabello, es tan excluyente como la ley de Memoria Histórica que
va de 1958 hasta 1999 vigente y que excluye todo delito que pueda haberse
cometido durante el gobierno de Chávez y Maduro. Esto ameritaría una urgente
revisión para que dichas leyes sean complementarias e incluyentes.
3) Si bien se agradece la existencia de un espacio de debate
como el de la Asamblea, no deja de preocupar el tono de los discursos, el
contenido violento y descalificador de parte de ellos, y la reacción de los
diputados de manera violenta. El tema de las "formas" en mucho hace
el "fondo" y preocupa la falta de interpelación mutua y empatía.
4) Por otra parte, es grave el tema de los procesos judiciales
viciados o de aquellos en los que nunca se hizo justicia. Si no hay un reconocimiento
mutuo y responsable de ambas partes en cuanto a las fallas en estos procesos a
lo largo del tiempo, estas leyes terminan teniendo una influencia más negativa
que positiva. No hay víctimas más legítimas que otras ni victimarios con más
razón que otros, más aún si dichos crímenes se produjeron en períodos
democráticos.
5) Por otra parte, sería fundamental, tal como se hizo en
Uruguay durante la transición, que dichos proyectos de ley sean sometidos a
Referéndum para que cuenten con la legitimidad de la ciudadanía. Esto le da un
respaldo importante difícil de eludir.
6) Es también preocupante el choque de interpretaciones
legales que está ocurriendo entre el poder ejecutivo y judicial (con el
silencio peligroso del poder moral y electoral) por un lado y el poder
legislativo por otro. Si los poderes públicos no son capaces de canalizar los
conflictos de manera adecuada, incluso después de procesos electorales, se abre
el peligroso espacio para la acción ciudadana, el estamento militar y ahora
otros grupos organizados con poder de fuego. Más aún cuando la crisis económica
es cada vez peor. Es urgente que los dirigentes políticos sigan haciendo
esfuerzos por encima de las actitudes excluyentes y los hagan visibles ante la
opinión pública. La sensatez y la decisión de desmarcarse de posturas
excluyentes es el mejor consejero en momentos de incertidumbre nacional. Muchas
veces con altos costos en lo político electoral pero con grandes recompensas en
la construcción del país. Es aquí donde se mide la calidad y la altura de los
políticos.
El debate de la memoria histórica y los procesos de
reconciliación han superado las tradicionales visiones de perdón y olvido. Son
más lentos y complejos porque requieren del reconocimiento mutuo, de actos de
mea culpa y de la aplicación de nuevos tipos de justicia como la transicional y
la restaurativa. Países como Colombia son una escuela en esta materia y de la
cual el mundo puede aprender. A nivel interno, experiencias como la de Proyecto
Alcatraz quizá puedan dar luces de cómo extrapolar su metodología de justicia
restaurativa del ámbito interpersonal y social al ámbito político. En todo caso
estos procesos requieren tiempo, voluntad política, especialistas en la materia
y pluralidad.
Hoy, más que nunca, es fundamental que las fuerzas capaces de
crear puentes de diálogo, negociación, interpelación y acción se activen y
tengan impacto en la opinión pública frente a la violencia creciente en el
país.
