Francisco Alfaro Pareja
@franciscojoseap
El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que establece que “la participación de los integrantes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye
un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación
democrática”. Esta decisión se enmarca dentro del paradigma de la Unión Cívico
Militar que el gobierno nacional ha venido promoviendo.
Hay que decir que la
separación del estamento civil frente al militar ha sido un logro de años de
luchas, centrado en la diferenciación de su papel en la función del Estado.
Este logro ha venido de la mano de la consolidación de la democracia y de la
ampliación de los derechos y garantías frente al poder. Impulsar ahora un
modelo que pretende armar a los civiles y que los militares participen
activamente de la política, genera conflictos peligrosos para la
institucionalidad del país. No sólo se confunde el ejercicio de la violencia (¿es
un ejercicio monopólico del Estado?), sino que se difuminan los contrapesos políticos
de aquellos ciudadanos que no tienen armas frente a los que sí y se pone en
riesgo el compromiso de los militares con todo el Estado en su conjunto.
Por poner ejemplos ¿qué
pasaría si un pelotón del ejército uniformado decide apoyar a un líder de la
oposición en un acto político?, o si un grupo de civiles armados decide
reprimir una protesta que adversa el proyecto político del gobierno de turno ¿es
legal?, ¿qué debe hacer en este caso la FANB?
Finalmente, hay que
reiterar que la Unión Cívico Militar no sólo es peligrosa sino que es
inconstitucional, así como el fallo del TSJ, ya que violan los artículos 328 y
330 de nuestra Carta Magna. Dentro de la
Constitución todo, fuera de ella nada.
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