El encuentro de Miraflores: iniciativa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana

Por: Francisco Alfaro Pareja*

                                                                                                    

La reunión del pasado miércoles 18 de diciembre de 2013 entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de la oposición, realizada en el Palacio de Miraflores de Caracas, dinamizó el conflicto político que viene desarrollándose en Venezuela en los últimos años. Acostumbrados a regular los conflictos únicamente por vía netamente electoral, el encuentro público para la apertura del diálogo ha sido una sorpresa para muchos. Un fenómeno que es rutina en muchos países democráticos, como lo es la concertación pública y el desarrollo de proyectos mínimos mancomunados, se ha convertido en un evento excepcional en Venezuela. Por ello esta aparición pública de dirigentes políticos de alto nivel dialogando en una misma instancia y con una importante cobertura mediática envía un mensaje esperanzador al país para la reducción de la violencia.

1.    Mediación para la dinamización del conflicto

Desde el punto de vista de la paz imperfecta como enfoque filosófico que permite redefinir el conflicto, la paz y la violencia a partir de un giro epistemológico a la hora de acercarnos a estos fenómenos, podría calificarse la reunión del pasado miércoles 18 de diciembre como una mediación dinamizadora del conflicto. No “mediación” en el sentido tradicional en que suele entenderse (como negociación asistida por un tercero) sino como un evento que genera una dinamización positiva de las interacciones pacíficas entre los actores del conflicto. En ese sentido, media entre las partes para dinamizar el conflicto. Así la paz es asumida, no como un estado al cual aspiramos acceder sino, como un proceso imperfecto que se desarrolla en la medida en que se potencian capacidades para la regulación pacífica de los conflictos.

2.    Bases para el encuentro

Si bien en la reunión se planteó el diálogo y la acción mancomunada para el abordaje de los diversos problemas del país, todos fuimos testigos de que hubo diferencias en los argumentos y en las preocupaciones de cada sector. No obstante, y de manera sensata, los dirigentes que tomaron la palabra luego de presentar sus puntos de vista (muchos de ellos polémicos), decidieron centrarse fundamentalmente en aquellos espacios donde hay consenso: la necesidad de diálogo, la legitimidad de los voceros, el reconocimiento mutuo como un adversario válido (con derechos y deberes) a pesar de las diferencias, la Constitución Nacional. Veamos brevemente cada una de estas bases.

2.1.Necesidad de diálogo: Quizá el elemento más importante para que una negociación sea exitosa, es que los actores en conflicto “sientan la necesidad” de hacerlo. Esta sensación de necesidad puede generarse por desgaste de uno de los actores, por desgaste de ambos, por presión interna, por influencia de un elemento externo o por un cambio de percepción en los liderazgos de las partes.  El consenso sobre la necesidad de buscar una salida dialogada y no violenta a un conflicto, es la condición más importante para que se inicie o re - potencie una regulación pacífica y llegue a buen término. Este convencimiento declarado al menos en la reunión el pasado 18 de diciembre, es un elemento fundamental que no estaba presente en escenarios similares como el del 2002-2003 en donde, más que el convencimiento de diálogo, hubo una necesidad de sentarse en una mesa para darle curso a una salida pacífica y electoral ante el nivel de violencia al que llegó el conflicto en dicho período y en donde actores internacionales tuvieron un papel estelar en fomentar el espacio negociador.

2.2.Legitimidad de los voceros: Otro obstáculo frecuente es que los negociadores de un conflicto político - por involucrar a actores colectivos, con características heterogéneas – estén plenamente legitimados por sus representados. Sólo la legitimidad que le brinden los representantes de cada parte y al menos la mayoría de sus grupos interiores, garantizará que los esfuerzos llevados adelante por estos sean suficientemente respaldados. La legitimidad de dichos voceros viene del hecho de que, quienes protagonizaron el diálogo fueron electos en procesos electorales recientes (16 de diciembre de 2012, 14 de abril y 8 de diciembre de 2013) y que, a su vez, todos relegitimaron ese día.

Antonio Ledezma, alcalde Metropolitano de Caracas (Izquierda) saluda a Nicolás Maduro,
presidente de la República Bolivariana de Venezuela (Derecha) durante la reunión.

2.3.El reconocimiento del otro: Usualmente, en conflictos que involucran regulaciones violentas, cada actor ve a su contraparte como un enemigo a destruir y no como un adversario a vencer. Dicha visión se acrecienta a medida que asciende la intensidad de la violencia del conflicto, donde la otredad es un elemento nulo o casi nulo. En Venezuela la descalificación, el insulto y el desconocimiento entre distintos representantes del gobierno y la oposición ha sido muy marcada en los últimos años. El 18 de diciembre el reconocimiento tuvo un importante empuje, ya que las partes tuvieron el espacio para exponer sus puntos de vista y sus sentimientos, en el sentido de abrirse sinceramente a expresar cómo se sentían y de qué forma son afectados. A veces de manera torpe (utilizando frases como la utilizada por la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, de que si era necesario “se reuniría con el diablo” para canalizar sus demandas, con lo cual el presidente Maduro se sintió aludido. Otro ejemplo es el del presidente Maduro cuando señaló que era oportuno que la oposición no tomara más atajos y viniera a dialogar, acusación que fue rechazada de manera respetuosa pero contundente por el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma), a veces de manera confrontacional (como sucedió en la interacción de los Alcaldes de El Hatillo y de San Cristóbal con el presidente de la República) pero, en la mayoría de los casos siendo empáticos y solicitando empatía hacia sus puntos de vista y posiciones sin abandonar sus convicciones. Incluso, el nuevo alcalde de Onoto en el estado Anzoátegui, en ese proceso de reconocimiento mutuo se acercó hasta el Presidente le regaló una cadena con un signo de la paz y le ofreció un abrazo que fue correspondido. La generación del cambio en la percepción del “otro” es un aspecto fundamental para que una negociación sea exitosa.

2.4.El reconocimiento de la Constitución Nacional: La carta magna es el pacto social que une a todos los venezolanos. Su legitimidad viene dada por haber sido aprobada por referéndum consultivo el 16 de diciembre de 1999. Y muy acertadamente, el alcalde del Municipio Baruta del estado Miranda señaló - en su intervención del pasado miércoles en la reunión - que dicho pacto “cuajó” en el año 2007 cuando fue rechazada su reforma, también por referéndum. Más allá de lo que ha pasado desde entonces hasta la fecha y de mecanismos muy cuestionables desde el punto de vista legal para la introducción de elementos que fueron rechazados en dicha reforma, el rescate y reconocimiento público de la Constitución de 1999 como el espacio común de encuentro de los venezolanos tiene una significación fundamental. Si bien al Plan de la Patria (plan de gobierno del ejecutivo nacional) se le ha dado un carácter legal, el hecho de que el propio presidente Maduro haya sugerido que dicha legalidad sea llevada a consideración ante el Tribunal Supremo de Justicia para ser legitimada, fortalece el papel de consenso de la Constitución Nacional ante la opinión pública.

3.         Intereses en común

Una de las bases para el avance en el proceso de diálogo ante un panorama en donde el encuentro público de la dirigencia política ha sido prácticamente inexistente, es centrar la negociación en intereses comunes y no en objetivos excluyentes. Fue un acierto proponer identificar áreas en común muy genéricas como la economía, la seguridad, la salud, el agua, las comunas, la vivienda para el desarrollo de proyectos mancomunados. Los alcaldes, por su parte, hicieron un esfuerzo por centrarse en intereses como el tema de la gestión de los desechos sólidos y la identificación de problemáticas comunes en varias ciudades y pueblos del país.

Tomando en cuenta que el Consejo Federal de Gobierno no ha resultado muy efectivo a la hora de incorporar los proyectos de los gobiernos regionales y locales de una forma plural, se propuso adicionalmente la creación de un Mecanismo de Enlace. Por parte del gobierno los representantes serán el vicepresidente Jorge Arreaza, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gral. Rodríguez Torres y el general Barrientos. Por parte de la Mesa de la Unidad Democrática el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, encabezará la delegación junto a un grupo de alcaldes de diversas regiones del país.

 

Eveling Trejo, alcaldesa de Maracaibo (Izquierda), Gerardo Blyde,
alcalde de Baruta (Centro) y el presidente Nicolás Maduro (derecha)

4.         Aplazamiento de temas excluyentes

Necesariamente, la discusión de principios, objetivos, visiones de país y temas estructurales  tendrán que ser debatidos en algún momento, ya que muchos de los dirigentes políticos en cuestión tienen liderazgo nacional y representan la pluralidad del país. Algunos de esos  son: a) el respeto a las competencias y presupuestos de alcaldes y gobernadores; b) la conciliación de la Constitución Nacional con el plan de gobierno del ejecutivo nacional y los ejecutivos regionales y locales, c) el estatus de los presos, sus condiciones ante los DDHH y su clasificación; d) el reconocimiento de la pluralidad política; e) la conciliación de los tres niveles de gobierno con otras instancias (como las Comunas) que no están en la Constitución; f) el aumento del precio de la gasolina y la revisión de las condiciones de los acuerdos energéticos regionales; g) el ventajismo electoral; h) la política económica, cambiaria y financiera del país. De hecho, el presidente Maduro asomó incluso la posibilidad de crear un Mecanismo de Enlace de carácter más político, compuesto por los partidos, para la discusión de temas de esta índole. Sin embargo, iniciar por conciliar los intereses que pueden ser comunes a las partes y los problemas más importantes de la sociedad (sin distingo de color político) es una decisión acertada para dinamizar las relaciones.

5.    Perspectivas a corto plazo

La reunión del pasado 18 de diciembre fue, sin lugar a dudas, un espacio de paz que se abre justo al finalizar un año difícil, de mucha polarización y cuando inicia otro que luce bastante complicado desde el punto de vista económico para todos los venezolanos y sin el mecanismo electoral como instrumento regulador del conflicto. Este encuentro demuestra que la paz es un asunto de potenciación de capacidades que se activan cuando los actores de un conflicto deciden hacerlo. Es lo que se conoce también como voluntad política para llevar adelante una iniciativa mancomunada.

Debo confesar que este encuentro público y cubierto en vivo por los medios de comunicación sienta un precedente muy positivo porque, según la teoría de las negociaciones, suele recomendarse que al menos los primeros encuentros entre las partes se hagan en privado para asegurar consensos mínimos que permitan, posteriormente, enviar al país un mensaje sólido de diálogo. Creo que en este caso, un poco de manera improvisada, se logró un efecto positivo que se siente en las primeras de cambio en la opinión pública. No obstante, esto debe ser acompañado de avances en base al primer acuerdo verbal que fue la creación del Mecanismo de Enlace.

El Mecanismo de Enlace debe convertirse en un espacio efectivo para que las demandas, proyectos y vindicaciones de los gobiernos regionales y locales opositores puedan ser canalizados. Sin embargo, en la medida en que los mecanismos existentes para canalizar dichas iniciativas (en este caso el Consejo Federal de Gobierno) abran canales efectivos, el mecanismo de enlace deberá ir desapareciendo.

Por otra parte, la neutralización de posturas radicales en cada sector facilitó los resultados de la reunión para la comunicación y el reconocimiento mutuo. La mayoría de los presentes hicieron énfasis en que a pesar de dialogar, dicho acto no significaba claudicar a sus posiciones, con lo que buscaban permanentemente justificar el encuentro ante sus seguidores más radicales. A pesar de que través de las redes sociales, algunos seguidores de ambos grupos se sintieron traicionados o defraudados con la reunión, las reacciones generales han sido positivas y responden a una aspiración del país. Mención aparte merece el hecho de que el principal líder de la oposición, el gobernador del estado Miranda no asistiera a la reunión. Más allá de si las razones para su inasistencia fueron oportunas o no, creo que un encuentro Capriles – Maduro dependerá de los avances reales que se den en lo sucesivo y de la verdadera voluntad de diálogo, negociación y reconocimiento. Por lo demás, es deseable este encuentro, ya que ambos representan a importantes grupos de la población.

Asimismo, es natural que haya desconfianza y duda acerca de las motivaciones que han impulsado a convocar al diálogo y al trabajo mancomunado después de tan encarnizadas y continuadas descalificaciones públicas cuyas consecuencias más violentas se produjeron en la Asamblea Nacional en abril de 2013, cuando varios diputados fueron agredidos físicamente dentro del Hemiciclo del parlamento. La confianza se construye con hechos que van alimentando la posibilidad de seguir cediendo, avanzando, negociando y encontrar nuevos puntos de coincidencia. Aunque no se firmó ningún acuerdo, los compromisos verbales que fueron asumidos en vivo y directo ante toda la población obliga a las partes, al menos moralmente, a cumplir. No hacerlo, debilitaría este importante pero incipiente avance para la reconciliación nacional. Si bien alcaldes y gobernadores opositores deben tener el mismo compromiso que el gobierno nacional, este último es el llamado a dar señales claras de voluntad de diálogo y negociación, ya que está en una posición de fuerza por administrar los recursos económicos más importantes del país y disponer actualmente de una ley habilitante.

El cierre de la reunión de casi 5 horas de duración, con un apretón de manos entre el presidente Maduro y los dirigentes opositores es un acontecimiento de paz que debe ser fortalecido y continuado. Queda de parte de la sociedad civil legitimar y apoyar este encuentro en nuestros círculos más cercanos. Queda de parte de los medios de comunicación fortalecer este espacio de encuentro ante la opinión pública, destacar los acuerdos y valorar los compromisos constructivos que puedan derivarse en lo subsecuente. Queda de parte de los actores políticos involucrados estar a la altura del momento histórico del país, que reclama reencuentro, respeto a la Constitución y a las instituciones y trabajo en equipo. La paz en Venezuela no depende de la presencia de un actor político capaz de garantizarla, sino de la capacidad de todos los actores de la sociedad para potenciarla en todos los ámbitos, desde los comunitarios hasta el nivel nacional.  

Para ver el video completo de la reunión siga este link http://www.youtube.com/watch?v=DQrfoqvudUQ

* Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I. Investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de España. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales la Universidad Simón Bolívar – Venezuela.

Consideraciones sobre el conflicto por el territorio Esequibo

Por: Francisco Alfaro Pareja* 

El reclamo de Venezuela sobre el llamado territorio Esequibo se remonta a finales del siglo XIX cuando, a través del Laudo Arbitral de París de 1899, se le arrebató ilícitamente 159.000 Km2 para ser entregados al Reino Unido como parte de su colonia en la Guyana Británica. El carácter írrito de este laudo se confirmó tras el fallecimiento en 1948 de Severo Mallet Prevost (uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela en dicho Laudo) cuando su representante legal hizo público un documento que revelaba una negociación previa secreta y viciada que provocó la sentencia despojadora. Ante este hallazgo, Venezuela realizó una demanda ante la ONU, la cual fue aceptada y conllevó a la firma de un nuevo Acuerdo (Este hecho, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más grandes logros de la diplomacia venezolana en la historia democrática). 

El Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966. reactivó las negociaciones entre Venezuela, el Reino Unido y su colonia (actual Guyana). A partir de aquí las partes convinieron en buscar una solución práctica y pacífica a la disputa territorial. Luego de la independencia de Guyana y después del vencimiento en 1982 del Protocolo de Puerto España, que congeló por doce años las conversaciones por el territorio en disputa, ambos países dispusieron utilizar la figura del buen oficiante de las Naciones Unidas para mediar entre ambos gobiernos y encontrar una solución satisfactoria, la cual se mantiene hasta hoy.

Para Venezuela el territorio en reclamación está subdividido en cuatro regiones y sólo reconoce la soberanía de Guyana “al este de la margen derecha del río Esequibo” (http://esequibo.mppre.gob.ve/). Por su parte, la República Cooperativa de Guyana desconoce este precepto y subdivide dicho territorio en cinco regiones. Además, ejerce su jurisdicción administrativa como herencia de la colonización inglesa. Legalmente es un territorio o zona en reclamación, poblado aproximadamente por 260.000 habitantes.

A pesar de los incidentes diplomáticos y los reclamos mutuos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y XXI, en el 2011 tanto los cancilleres de Venezuela y Guyana sostuvieron una reunión en Trinidad y Tobago suscribiendo una Declaración Conjunta donde se pueden identificar varios principios comunes (Ver link http://noticiaaldia.com/2011/09/cancilleres-de-venezuela-y-guyana-acuerdan-nombrar-facilitadores-para-discutir-ampliacion-de-la-plataforma-continental/ ). Entre los principios se destaca el reconocimiento de que el diferendo es una herencia del colonialismo y que debe ser resuelto.

Las interacciones en el conflicto entre ambos países han continuado, y el último incidente que se presentó fue la captura por parte de la armada venezolana el pasado 10 de octubre de un barco panameño que presuntamente realizaba labores científicas dentro del mar venezolano sin autorización, lo cual fue desmentido por Guyana que alegó que el barco se encontraba en sus aguas territoriales con su autorización. Dicho incidente se reguló de manera pacífica y ameritó una nueva reunión de cancilleres en donde se reconoció el diálogo como el camino para la resolución del conflicto.

Uno de los problemas con los cuales vienen lidiando Venezuela y Guyana es que no tienen muy claro cómo abordar directamente la negociación y delimitación de un territorio que ambos reclaman como propio. Quizá por eso los avances a través del diálogo han sido tan escasos.

Descartando una solución violenta que no beneficiaría a ningún país, la regulación pacífica de este conflicto político por vías alternativas a las tradicionales, si bien es la más constructiva genera una serie de incertidumbres. El negociador y mediador internacional Bernard Mayer en su libro Más allá de la neutralidad, publicado por Editorial Gedisa (2007) señala que, a pesar de sus ventajas, existe la creencia en las partes de que este tipo de negociación a nivel político genera pérdida de poder en la parte más débil y  fortalecimiento del status quo de la parte más fuerte. Venezuela, apoyado en el utis possidetis iuris, sabe que detrás de una aparente debilidad de Guyana como país más pequeño está su pertenencia a la Commonwealth en la que Inglaterra como potencia ejerce una influencia determinante y pudiese accionar en apoyo a su aliado histórico. También, está el hecho de que Guyana administra de facto dichos territorios a pesar del diferendo existente, otorgando incluso de manera ilegal concesiones a empresas extranjeras para la explotación de zonas marítimas en litigio. Por su parte Guyana sabe que en la actualidad Venezuela ejerce una influencia energética en el Caribe y sobre su propio país, lo que hace que su peso sea percibido como importante. Adicionalmente, Venezuela ha defendido activa y militarmente la fachada atlántica que considera como parte de su mar territorial. 

Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a la búsqueda de alternativas para la delimitación del territorio y su aceptación por las partes, los métodos para la regulación del conflicto parecen estancados. Por una parte, el método del arbitraje, quedó muy desprestigiado después de la experiencia fallida del laudo de 1899. Hoy luce quizá más riesgoso que antes. Por otra, la figura del buen oficiante que existe desde los años 70s - si bien ha servido para frenar y regular pacíficamente incidentes que han podido desatar violencia entre ambos países - es poco probable que pueda abrir nuevas vías de diálogo para la negociación efectiva si sigue funcionando de la misma manera.

La pregunta clave aquí sería ¿cómo dinamizar el conflicto de manera constructiva más allá del acercamiento progresivo de las relaciones bilaterales en otras áreas?

Si nos guiamos por los libros sobre regulación de conflictos, pareciera que poco a poco se han dado pasos en la dinamización de las relaciones y la comunicación. La presencia de Venezuela y Guyana en nuevos foros de integración tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Petrocaribe parecen apuntar en esa dirección (este último es un mecanismo en el que Venezuela ejerce un papel preponderante al surtir de petróleo a 16 países del Caribe a precios y condiciones favorables). Estos espacios pueden fungir de mediaciones que impulsen y dinamicen las relaciones entre ambos países.

Tomando en cuenta que luce improbable una solución ganar–perder en la que una de las partes se imponga totalmente a la otra, es necesario buscar vías colaborativas bajo la fórmula ganar–ganar. Una opción sería el restablecimiento de una Comisión Mixta (como la que funcionó entre 1966 y 1970) para la nueva discusión de puntos de coincidencia y el planteamiento de nuevas alternativas. Otra opción sería una redefinición del papel del buen oficiante de Naciones Unidas que podría tener un rol más activo como mediador, planteando una instancia permanente (tipo mesa de negociación) de mayor duración que pueda alcanzar acuerdos progresivos hasta la consecución de un acuerdo final que garantice la obtención del mayor número de intereses por ambas partes. Asimismo, una participación más activa por parte de la ciudadanía organizada podría dinamizar y/ó acompañar de manera importante el trabajo realizado por la diplomacia formal en la regulación del conflicto.

La solución pacífica de conflictos limítrofes es una de las tareas más complejas para los Estados y para la comunidad internacional de nuestro tiempo. Si bien los Estados no se sienten cómodos con el estancamiento de un conflicto en el cual se ven amenazados, temen quizá más su dinamización y las consecuencias que dicho proceso puede generar. No obstante, el aplazamiento u omisión de una discusión efectiva, rigurosa y responsable y de un mecanismo de diálogo puede a la larga tener consecuencias negativas para ambas partes. He aquí un dilema que representa un reto para los conflictólogos e irenólogos de hoy, los cuales están llamados a generar alternativas innovadoras para la canalización de este tipo de conflictos tan complejos.

Para Venezuela la situación luce más cuesta arriba y apremiante que para Guyana, quien ocupa y administra el lugar ilegalmente. Aunque la política exterior y la acción de la Fuerza Armada Venezolana se han basado en la defensa histórica del utis possidetis iuris, el planteamiento estratégico de negociación del gobierno actual no luce claro. Por otra parte, la polarización y radicalización política interna ha generado consecuencias negativas en el fortalecimiento de una postura de unidad ante dicho conflicto y ante las relaciones bilaterales. A la situación política interna habría que sumar la del profundo desconocimiento por parte de la sociedad venezolana acerca del estatus de la controversia producto del deterioro progresivo y acelerado del sistema educativo y de la ausencia del tema en la opinión pública nacional. Adicionalmente, la zona en reclamación es prácticamente un área desconocida para la mayoría de los venezolanos que ignoran las relaciones, las dinámicas y los intercambios que allí se desarrollan. Sólo cuando se presentan incidentes como el del pasado 10 de octubre el tema vuelve a la palestra. 

(El pasado 8 de noviembre doce diputados venezolanos se trasladaron hasta el territorio Esequibo con la finalidad de hacer acto de soberanía. Fuente: http://www.el-nacional.com/politica/Diputados-viajaron-Ezequibo_0_298170385.html).

Es necesario que los venezolanos hagamos una profunda autocrítica sobre esta situación, defendamos activamente nuestros derechos sobre el territorio Esequibo y promovamos una dinamización de las vías pacíficas para la resolución efectiva de este conflicto. Por ahora queda esperar el resultado de las capacidades negociadoras de ambos gobiernos y sus respectivos parlamentos, así como las capacidades mediadoras del buen oficiante de Naciones Unidas. 

* Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I. Investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de España. Profesor de la Universidad Simón Bolívar - Venezuela. 

A diez años de la Mesa de Negociación y Acuerdos 2002 – 2003: ¿una nueva propuesta de mediación para la regulación del conflicto político en Venezuela?

Por: Francisco Alfaro Pareja*

Jimmy Carter, Jennifer McCoy, César Gaviria y Hugo Chávez en el marco de las negociaciones entre gobierno y oposición en el año 2003.

    Uno de los eventos políticos más importantes de esta primera década del siglo XXI en Venezuela, en cuanto a mediación de conflictos fue, sin lugar a dudas, la labor de mediación desarrollada en la Mesa de Negociación y Acuerdos entre los años de 2002 y 2003.

     Si bien una negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes intercambian elementos de valor a fin de subsanar un conflicto, la mediación es una negociación asistida por un tercero al que recurren voluntariamente las partes cuando no han podido entenderse por sí solas ni a través de sus representantes. Este tercero debe ser legitimado por común acuerdo de las partes, ya que su función será, fundamentalmente, hacer que las partes se entiendan, crear puentes de comunicación a fin de que estas cambien sus percepciones acerca del problema que las aflige. Esto significa poder mirarlo desde “otro lugar”. Un “lugar” que permita crear acercamientos entre las partes.

     Este mecanismo impulsado por el Centro Carter (CC) - a solicitud del Gobierno del presidente Hugo Chávez y la entonces Coordinadora Democrática que agrupaba a la Oposición - y respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sirvió de mecanismo de regulación pacífica del conflicto político en una de sus fases, el cual había desarrollado una escalada violenta en esos años después del golpe de estado de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de ese mismo año.

     Si bien la Mesa de Negociación y Acuerdos previó, en el documento llamado «Síntesis Operativa», alcanzar un acuerdo para « […] solucionar la crisis del país por la vía electoral […] » (Centro Carter, 2005:12) como objetivo fundamental - con lo cual pudiese asumirse que los facilitadores partieron de la perspectiva de una «resolución» a rajatabla -, la utilización del término «construcción de paz» en el título del informe final del Centro Carter, así como lo variado de las actividades, habla de un proceso y de una complejidad presente en el proceso mediación política a nivel intersectorial. De hecho, como objetivos adicionales de la Mesa se planteó el fortalecimiento del sistema electoral, el desarme de la población civil  y la instalación y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad (Centro Carter, 2005:4). En ese sentido, aunque la aspiración era la resolución de la violencia en el conflicto, la forma en que se diseñó el plan de trabajo nos habla más bien de la previsión de un proceso de «regulación», por lo complejo que se planteaba el caso.

     Posteriormente, la Mesa promovió y logró la suscripción de un documento titulado «Acuerdo entre la Representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las Organizaciones Políticas y de la Sociedad Civil que la conforman» (Centro Carter, 2005:23-26), en el que las partes aseguraron comprometerse a contribuir al fortalecimiento del clima de paz en el país. El contenido del documento, firmado el 29 de mayo de 2003, afianza el acuerdo de las partes en cuanto a principios fundamentales como: a) el respeto a la democracia y la ley representadas en la Constitución de 1999, la Carta Interamericana Democrática y los Derechos Humanos; b) el papel de la Fuerza Armada Nacional como monopolizador del poder del Estado; c) el desarme de la población; d) la creación de la Comisión de la Verdad en la Asamblea Nacional; e) la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral; f) la creación de un Enlace para el cumplimiento del Acuerdo. Adicionalmente, y quizá el aporte más concreto del instrumento, es la salida por vías pacíficas, democráticas y electorales que se vislumbra a la violencia en el conflicto, específicamente a través del acuerdo sobre la legitimidad para la convocatoria de un referéndum revocatorio presidencial. Asimismo, el Centro Carter continuó su labor promotora de paz en Venezuela con la capacitación de comunidades y sectores de base, la incidencia en la generación de movimientos de la sociedad civil y la sensibilización y formación de trabajadores de los medios hasta el año 2005.

     En ese sentido, la realización del referéndum revocatorio se presentó como regulación pacífica a la violencia presentada en el conflicto entre al Gobierno Nacional y sus seguidores y a los factores opositores y sus seguidores. Si bien no significaba la solución al conflicto, sí dio una nueva dinámica a este diferendo. (Para mayor información ver el el informe "El Centro Carter y el proceso de construcción de paz en Venezuela: junio 2002 - febrero 2005" en el siguiente link http://www.cartercenter.org/documents/2137.pdf)

     La Mesa de Negociación y Acuerdos 2002 – 2003 fue una experiencia mediadora exitosa que logró regular el conflicto entre Oposición y Gobierno en Venezuela en una de sus fases, quizá la más importante: aquella donde la violencia alcanzó niveles de alta peligrosidad y las instituciones y autoridades habían perdido legitimidad. 

     En la actualidad, una nueva experiencia mediadora es necesaria para potenciar las regulaciones pacíficas. Si bien hasta los momentos se ha mantenido a nivel general el marco institucional y legal, cada vez más son los hechos donde la aplicación de la ley y la actuación de las autoridades pareciera estar más apoyado en criterios partidistas distintos al interés democrático. En el marco del Giro Epistemológico como nueva perspectiva filosófica para el abordaje de los conflictos, la «mediación» aumenta su espectro de aplicación. Ya no es vista sólo como un método de regulación de conflictos que se activa en determinado momento, sino que es una práctica ya presente en la interacción de los seres humanos. Esta perspectiva, basada en el concepto de paz imperfecta, es desarrollada por el filósofo español Francisco Muñoz. Por ello se habla de «mediaciones» en plural, porque son muchos los momentos y espacios donde diariamente se dinamizan conflictos. Asimismo, hay personas que por su actitud, postura política o posición y función en la sociedad activan de una manera más recurrente este mecanismo en los distintos niveles.

     Una propuesta entonces sería identificar, organizar y fortalecer a grupos de personas que por su labor, posición e/ó institución a la que pertenecen median permanentemente (quizá de manera no deliberada) entre sectores del gobierno nacional y la oposición. Todo ello para potenciar sus capacidades mediadoras en cuanto al abordaje del actual conflicto político en  Venezuela. Mediante el ejercicio de una mediación reguladora consciente y a través una red multi nivel se desarrollaría un proceso de potenciación de espacios  de paz de manera deliberada a fin de aumentar las instancias de interacción entre representantes de gobierno y de la oposición, así como a sus seguidores, a fin de retomar el reconocimiento del otro y los mecanismos pacíficos canalización de las diferencias, apoyados en el respeto a la Constitución, las formas y la actuación responsable de las autoridades. Ciertamente, uno de los grandes retos es nuestros días es el reconocimiento de los actores que diariamente facilitan instancias de paz y que desarrollan dinámicas constructivas en la interacción de los venezolanos. Son de hecho, una gran mayoría, pero poco empoderada debido a nuestra esquizofrenia cognitiva que se enfoca en destacar los hechos de violencia. Sin desconocer estos últimos, es importante desarrollar una iniciativa en este sentido para impulsar y reinventar nuevas instancias mediadoras que dinamicen la relación entre gobierno y oposición. Esta labor será exitosa en la medida en que: a) los medios de comunicación apoyen mediante campañas de concienciación; b) las instituciones, en especial la Asamblea Nacional y los órganos legislativos regionales, refrenden los espacios activados y/ó los acuerdos alcanzados; c) la población se movilice y legitime ante la opinión pública la labor de los mediadores.

     A diez de años del acuerdo entre gobierno y oposición, esfuerzo importante en la regulación pacífica del conflicto, muchas preguntas quedan en el camino: ¿Qué ha pasado con toda aquella buena intención por la paz y el diálogo que representantes del gobierno y la oposición manifestaron en el Acuerdo suscrito en mayo del 2003?, ¿Qué pasó con el mecanismo de enlace para darle continuidad a lo establecido en dicho documento?, ¿existe hoy realmente voluntad de potenciar el diálogo por parte de los nuevos  representantes del gobierno y la oposición?, si bien se le dio una respuesta pacífica y electoral a la delicada situación que hace una década atravesaba Venezuela ¿cómo asegurar que los procesos de negociación tengan consecuencias en las causas profundas de los conflictos más allá de los efectos inmediatos para dinamizaciones coyunturales?, ¿cómo pueden los ciudadanos presionar efectiva y pacíficamente a los representantes políticos de ambos sectores para retomar los compromisos asumidos en este acuerdo? En fin son preguntas para los actores políticos, para la sociedad venezolana, para los mediadores nacionales e internacionales, para los académicos y para todos aquellos que vemos la necesidad de reinventar mecanismos y alternativas innovadoras para mediar y dinamizar pacíficamente el conflicto político en Venezuela.
        Desde entonces se han publicado al menos dos importantes libros que ahondan en el desarrollo de esta experiencia mediadora y sus consecuencias en la regulación del conflicto. En primer lugar es ineludible destacar el libro "Mediación Internacional en Venezuela", del año 2012, de autoría de Jennifer McCoy y Francisco Diez, ambos mediadores protagonistas del equipo técnico del Centro Carter quienes, junto a los representantes de la OEA y el PNUD, impulsaron el acuerdo entre el gobierno y la oposición. Este libro es editado por Gedisa en el marco de su colección Prevención, Administración y Resolución de Conflictos (PARC) y es una interesante conjugación entre lo teórico y lo práctico, entre el deber ser y lo que realmente los mediadores viven y enfrentan en una mesa de negociación real. Por otra parte, destaca el libro del politólogo venezolano Miguel Ángel Martínez Meucci titulado "Apaciguamiento: el Referéndum Revocatorio y la consolidación de la Revolución Bolivariana", de la editorial venezolana Alfa, colección Hogueras, también del año 2012, y en donde se analizan las consecuencias de este proceso más allá del referéndum revocatorio que facilitó e impulsó una salida electoral al conflicto, al menos en una de sus más violentas fases. Finalmente, también señalo un artículo de mi autoría publicado por la revista Cuadernos Unimetanos de la Universidad Metropolitana, como parte de una ponencia realizada en el IX Simposio de Ciencia Política realizado en el año 2011 en la Universidad Simón Bolívar. "La mediación para la regulación del conflicto político en la Venezuela de hoy" es un acercamiento breve a el proceso mediador del año 2003 y donde señalo algunas alternativas para potenciar nuevas instancias mediadoras en la Venezuela de hoy. (para más información pueden consultar el  link http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4052711)

     Los venezolanos desean paz, vivir en un país en el que todos los sectores políticos y sociales sean respetados, en el que el diálogo y los objetivos superiores sean el faro que guíe a nuestros dirigentes. Es una aspiración más que legítima. Pero es necesario ir más allá, promoviendo espacios alternativos que permitan fortalecer los mecanismos para la regulación pacífica de los conflictos.

* Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I. Investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de España.