Consideraciones sobre el conflicto por el territorio Esequibo

Por: Francisco Alfaro Pareja* 

El reclamo de Venezuela sobre el llamado territorio Esequibo se remonta a finales del siglo XIX cuando, a través del Laudo Arbitral de París de 1899, se le arrebató ilícitamente 159.000 Km2 para ser entregados al Reino Unido como parte de su colonia en la Guyana Británica. El carácter írrito de este laudo se confirmó tras el fallecimiento en 1948 de Severo Mallet Prevost (uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela en dicho Laudo) cuando su representante legal hizo público un documento que revelaba una negociación previa secreta y viciada que provocó la sentencia despojadora. Ante este hallazgo, Venezuela realizó una demanda ante la ONU, la cual fue aceptada y conllevó a la firma de un nuevo Acuerdo (Este hecho, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más grandes logros de la diplomacia venezolana en la historia democrática). 

El Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966. reactivó las negociaciones entre Venezuela, el Reino Unido y su colonia (actual Guyana). A partir de aquí las partes convinieron en buscar una solución práctica y pacífica a la disputa territorial. Luego de la independencia de Guyana y después del vencimiento en 1982 del Protocolo de Puerto España, que congeló por doce años las conversaciones por el territorio en disputa, ambos países dispusieron utilizar la figura del buen oficiante de las Naciones Unidas para mediar entre ambos gobiernos y encontrar una solución satisfactoria, la cual se mantiene hasta hoy.

Para Venezuela el territorio en reclamación está subdividido en cuatro regiones y sólo reconoce la soberanía de Guyana “al este de la margen derecha del río Esequibo” (http://esequibo.mppre.gob.ve/). Por su parte, la República Cooperativa de Guyana desconoce este precepto y subdivide dicho territorio en cinco regiones. Además, ejerce su jurisdicción administrativa como herencia de la colonización inglesa. Legalmente es un territorio o zona en reclamación, poblado aproximadamente por 260.000 habitantes.

A pesar de los incidentes diplomáticos y los reclamos mutuos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y XXI, en el 2011 tanto los cancilleres de Venezuela y Guyana sostuvieron una reunión en Trinidad y Tobago suscribiendo una Declaración Conjunta donde se pueden identificar varios principios comunes (Ver link http://noticiaaldia.com/2011/09/cancilleres-de-venezuela-y-guyana-acuerdan-nombrar-facilitadores-para-discutir-ampliacion-de-la-plataforma-continental/ ). Entre los principios se destaca el reconocimiento de que el diferendo es una herencia del colonialismo y que debe ser resuelto.

Las interacciones en el conflicto entre ambos países han continuado, y el último incidente que se presentó fue la captura por parte de la armada venezolana el pasado 10 de octubre de un barco panameño que presuntamente realizaba labores científicas dentro del mar venezolano sin autorización, lo cual fue desmentido por Guyana que alegó que el barco se encontraba en sus aguas territoriales con su autorización. Dicho incidente se reguló de manera pacífica y ameritó una nueva reunión de cancilleres en donde se reconoció el diálogo como el camino para la resolución del conflicto.

Uno de los problemas con los cuales vienen lidiando Venezuela y Guyana es que no tienen muy claro cómo abordar directamente la negociación y delimitación de un territorio que ambos reclaman como propio. Quizá por eso los avances a través del diálogo han sido tan escasos.

Descartando una solución violenta que no beneficiaría a ningún país, la regulación pacífica de este conflicto político por vías alternativas a las tradicionales, si bien es la más constructiva genera una serie de incertidumbres. El negociador y mediador internacional Bernard Mayer en su libro Más allá de la neutralidad, publicado por Editorial Gedisa (2007) señala que, a pesar de sus ventajas, existe la creencia en las partes de que este tipo de negociación a nivel político genera pérdida de poder en la parte más débil y  fortalecimiento del status quo de la parte más fuerte. Venezuela, apoyado en el utis possidetis iuris, sabe que detrás de una aparente debilidad de Guyana como país más pequeño está su pertenencia a la Commonwealth en la que Inglaterra como potencia ejerce una influencia determinante y pudiese accionar en apoyo a su aliado histórico. También, está el hecho de que Guyana administra de facto dichos territorios a pesar del diferendo existente, otorgando incluso de manera ilegal concesiones a empresas extranjeras para la explotación de zonas marítimas en litigio. Por su parte Guyana sabe que en la actualidad Venezuela ejerce una influencia energética en el Caribe y sobre su propio país, lo que hace que su peso sea percibido como importante. Adicionalmente, Venezuela ha defendido activa y militarmente la fachada atlántica que considera como parte de su mar territorial. 

Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a la búsqueda de alternativas para la delimitación del territorio y su aceptación por las partes, los métodos para la regulación del conflicto parecen estancados. Por una parte, el método del arbitraje, quedó muy desprestigiado después de la experiencia fallida del laudo de 1899. Hoy luce quizá más riesgoso que antes. Por otra, la figura del buen oficiante que existe desde los años 70s - si bien ha servido para frenar y regular pacíficamente incidentes que han podido desatar violencia entre ambos países - es poco probable que pueda abrir nuevas vías de diálogo para la negociación efectiva si sigue funcionando de la misma manera.

La pregunta clave aquí sería ¿cómo dinamizar el conflicto de manera constructiva más allá del acercamiento progresivo de las relaciones bilaterales en otras áreas?

Si nos guiamos por los libros sobre regulación de conflictos, pareciera que poco a poco se han dado pasos en la dinamización de las relaciones y la comunicación. La presencia de Venezuela y Guyana en nuevos foros de integración tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Petrocaribe parecen apuntar en esa dirección (este último es un mecanismo en el que Venezuela ejerce un papel preponderante al surtir de petróleo a 16 países del Caribe a precios y condiciones favorables). Estos espacios pueden fungir de mediaciones que impulsen y dinamicen las relaciones entre ambos países.

Tomando en cuenta que luce improbable una solución ganar–perder en la que una de las partes se imponga totalmente a la otra, es necesario buscar vías colaborativas bajo la fórmula ganar–ganar. Una opción sería el restablecimiento de una Comisión Mixta (como la que funcionó entre 1966 y 1970) para la nueva discusión de puntos de coincidencia y el planteamiento de nuevas alternativas. Otra opción sería una redefinición del papel del buen oficiante de Naciones Unidas que podría tener un rol más activo como mediador, planteando una instancia permanente (tipo mesa de negociación) de mayor duración que pueda alcanzar acuerdos progresivos hasta la consecución de un acuerdo final que garantice la obtención del mayor número de intereses por ambas partes. Asimismo, una participación más activa por parte de la ciudadanía organizada podría dinamizar y/ó acompañar de manera importante el trabajo realizado por la diplomacia formal en la regulación del conflicto.

La solución pacífica de conflictos limítrofes es una de las tareas más complejas para los Estados y para la comunidad internacional de nuestro tiempo. Si bien los Estados no se sienten cómodos con el estancamiento de un conflicto en el cual se ven amenazados, temen quizá más su dinamización y las consecuencias que dicho proceso puede generar. No obstante, el aplazamiento u omisión de una discusión efectiva, rigurosa y responsable y de un mecanismo de diálogo puede a la larga tener consecuencias negativas para ambas partes. He aquí un dilema que representa un reto para los conflictólogos e irenólogos de hoy, los cuales están llamados a generar alternativas innovadoras para la canalización de este tipo de conflictos tan complejos.

Para Venezuela la situación luce más cuesta arriba y apremiante que para Guyana, quien ocupa y administra el lugar ilegalmente. Aunque la política exterior y la acción de la Fuerza Armada Venezolana se han basado en la defensa histórica del utis possidetis iuris, el planteamiento estratégico de negociación del gobierno actual no luce claro. Por otra parte, la polarización y radicalización política interna ha generado consecuencias negativas en el fortalecimiento de una postura de unidad ante dicho conflicto y ante las relaciones bilaterales. A la situación política interna habría que sumar la del profundo desconocimiento por parte de la sociedad venezolana acerca del estatus de la controversia producto del deterioro progresivo y acelerado del sistema educativo y de la ausencia del tema en la opinión pública nacional. Adicionalmente, la zona en reclamación es prácticamente un área desconocida para la mayoría de los venezolanos que ignoran las relaciones, las dinámicas y los intercambios que allí se desarrollan. Sólo cuando se presentan incidentes como el del pasado 10 de octubre el tema vuelve a la palestra. 

(El pasado 8 de noviembre doce diputados venezolanos se trasladaron hasta el territorio Esequibo con la finalidad de hacer acto de soberanía. Fuente: http://www.el-nacional.com/politica/Diputados-viajaron-Ezequibo_0_298170385.html).

Es necesario que los venezolanos hagamos una profunda autocrítica sobre esta situación, defendamos activamente nuestros derechos sobre el territorio Esequibo y promovamos una dinamización de las vías pacíficas para la resolución efectiva de este conflicto. Por ahora queda esperar el resultado de las capacidades negociadoras de ambos gobiernos y sus respectivos parlamentos, así como las capacidades mediadoras del buen oficiante de Naciones Unidas. 

* Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I. Investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de España. Profesor de la Universidad Simón Bolívar - Venezuela.