Reforma electoral en Venezuela

Por: Francisco Alfaro Pareja

@franciscojoseap

La designación de un Poder Electoral profesional y que exprese pluralidad e imparcialidad en Venezuela, es una necesidad innegable para la paz. Sin embargo, no es suficiente. El país necesita con urgencia una reforma electoral.

La reforma constitucional por referéndum que permitió la reelección continua en nuestro país en el año 2009, no vino acompañada de una reforma a la Ley de Procesos Electorales ni a su Reglamento. Esto trajo como consecuencia una serie de conflictos entre enero y marzo de 2013 debido a que la Constitución no prevé medidas precisas ante la novedad que representaba la ausencia temporal o permanente de un presidente reelecto.  

Por otra parte, la ley define de manera restringida la propaganda electoral, lo cual genera ventajas a los candidatos en ejercicio los cuales no están limitados a hacer publicidad de su gestión a través de mensajes institucionales o en el  uso de las llamadas cadenas. Tampoco hay una regulación explícita de la propaganda en el período de pre campaña.

Es necesario también especificar más y hacer cumplir la normativa electoral vigente en cuanto a la limitación de la participación de funcionarios públicos en la campaña, el uso de recursos del Estado para estos fines, así como y facilitar el libre y equitativo acceso a los medios de comunicación para la emisión de propaganda. Por otra parte, Venezuela es el único país de la región que no permite el financiamiento público a los partidos ni a los candidatos, lo cual ha generado profundas desigualdades.

(Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas, Centro Carter)

Finalmente, se generaría más confianza si se le da un mayor peso a los comprobantes en papel que emite la máquina electoral al momento de realizar el voto a la hora de una verificación posterior y si se realiza una auditoría de las huellas con testigos de todos los partidos, así como del Registro Electoral que permita su depuración oportuna.

Estas fueron algunas de las recomendaciones presentadas por expertos de diversos sectores para promover una reforma electoral en el marco del Seminario Internacional “Democracia y Procesos Electorales”, realizado esta semana bajo los auspicios del Centro Carter, quien además presentó su informe final de las elecciones presidenciales 2013 en Venezuela. Aportes para un debate plural, constructivo y con miras a un futuro más pacífico y democrático.

(Para descargar el informe final del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela-final-rpt-2013-elections-spanish.pdf )

El congelamiento de la mesa de diálogo

Por: Francisco Alfaro Pareja

@franciscojoseap

Esta semana el secretario general de la MUD, Remón Guillermo Aveledo anunció el congelamiento de la mesa del diálogo entre gobierno y oposición. Este anuncio tiene que ser tomado con la altura de miras que requiere el país.

El país se encuentra, sin exagerar, en la peor crisis política, institucional, económica y social de este siglo y la élite política no está logrando canalizar efectivamente las demandas y necesidades de la población. Si bien es cierto que se está avanzando lentamente en materia económica y en la conformación de las Comisiones para la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la paralización de este espacio debe llamarnos urgentemente a la reflexión.

Desde un inicio se conocían las profundas debilidades de la Mesa: a) ausencia de condiciones mínimas; b) falta de voluntad política para la negociación por parte del gobierno nacional; c) indefinición del rol del tercero de buena fe (UNASUR y Vaticano); d) doble rol de una de los sectores como “parte” y como “facilitador”; e) falta de consenso y neutralidad en el lugar de reunión; f) división interna de las partes.

Diversas encuestas del país han señalado que más del 80% de la población quiere diálogo y cooperación entre sus autoridades. Sin embargo, este sentimiento nacional no se expresa activamente en las calles. Es decir, se observa una profunda ausencia de empoderamiento de la sociedad para presionar activamente el diálogo y rechazar posturas polarizadoras, excluyentes y violentas. Al cerrarse el espacio de la diplomacia queda - esperemos que sea sólo temporalmente - el espacio de la violencia callejera de estos últimos 3 meses.

Adicionalmente, existe en ambos sectores una pérdida progresiva de legitimidad en sus dirigentes y de unidad, producto de las pugnas internas, los egos políticos y las contradicciones. Tanto en la oposición como en el sector pro gubernamental existe creciente incertidumbre y un proceso de radicalización in crescendo. En el primero, muchos cuestionan el alejamiento del gobierno nacional de la Constitución, del debido proceso y de los Derechos Humanos y, a su vez, la presencia de la oposición en una mesa que ha dado escasos resultados. Por su parte, los seguidores del gobierno nacional están confundidos por las acciones económicas y financieras de un gobierno “socialista”, la impunidad por corrupción y el diálogo con la oposición política, a quienes permanentemente denomina como apátridas. 

A todo el país le conviene que se abra una mesa de negociación que permita acuerdos y cambios urgentes y evite que las acciones extremistas lleven al país al abismo. Hay diversas salidas políticas, democráticas y apegadas a la Constitución. Pero todo depende de la sensatez, la pluralidad, la despolarización, el coraje y el entendimiento de que el país es de todos.

Politólogo / Doctor en Estudios de Paz y Conflictos

Campañas electorales, ventajismo y reforma

Por: Francisco Alfaro Pareja

@franciscojoseap

Uno de los temas de discusión en la mesa de diálogo que se desarrolla actualmente entre el gobierno y la oposición en Venezuela es la designación de los nuevos magistrados del TSJ y de los rectores del CNE, cuyos períodos han vencido, bajo los criterios de amplitud y pluralidad que reclama el país hace varios años. Sería importante, en estos momentos de polarización y crisis, que aquellos rectores cuyos períodos no han vencido pusieran sus cargos a la orden para renovar totalmente el CNE bajo criterios de profesionalismo y no militancia política que, dicho sea de paso, son los criterios formales establecidos en la Constitución y la Ley. Eso sería una señal importante de lo que necesita el país y de lo que la mesa puede ofrecer para canalizar el conflicto pacífica y efectivamente.

Sin embargo, hay otros temas sobre los cuales es necesario impulsar un debate y que deben ser revisados con urgencia. Es el caso de nuestro sistema electoral el cual, si bien nadie duda cuente con una plataforma tecnológica muy avanzada, tiene una serie deficiencias en cuanto a: una normativa legal que no se ha adaptado a las nuevas circunstancias, tales como la reelección continua y sin límites que se aprobó en Venezuela en el año 2009; instituciones poco imparciales para administrar las elecciones y dirimir las controversias;  inequidad en las condiciones en que se desarrollan las campañas electorales.

Sobre este último punto, fue presentado en días recientes en Caracas el libro “Campañas electorales, ventajismo y reelección presidencial en América Latina”, de editorial Alfa y el Centro Carter, del cual soy editor junto a Héctor Vanolli. El libro ofrece una visión comparativa de cinco países del continente, además de los casos de Estados Unidos y Puerto Rico, acerca de aquellas medidas legales y reformas institucionales que se han implementado para garantizar unas condiciones más equitativas y justas para todos los candidatos y contrarrestar el ventajismo, fundamentalmente, de los candidatos a reelección a puestos ejecutivos, los cuales suelen contar con ventajas naturales en la contienda electoral. Si a esto le sumamos la progresiva implementación de la reelección presidencial a partir de finales del siglo pasado, se generan nuevas ventajas en un continente profundamente presidencialista.

En este contexto, Venezuela es un caso complejo entre los países democráticos del hemisferio en cuanto a la poca capacidad del sistema electoral de garantizar condiciones equitativas a todos los candidatos en las campañas proselitistas. Aparte de ser un caso único (ahora junto a Nicaragua) donde el presidente de la República puede reelegirse de manera indefinida, las ventajas para el candidato en ejercicio aumentan porque: a) el país no cuenta con financiamiento público directo o indirecto a los candidatos o partidos políticos; b) no se ofrecen espacios gratuitos en los medios de comunicación para propaganda electoral; c) no hay obligación de hacer público el origen de las contribuciones de la campaña ni hay topes establecidos a los gastos hechos en la misma; d) no se establecen penalidades políticas por infringir las normas electorales referidas al financiamiento político; e) la propaganda electoral se interpreta de manera restringida y no de manera amplia; f) no se establecen prerrogativas para la limitación en la promoción e inauguración de obras públicas ni límites especiales a las cadenas presidenciales en período de campañas electorales.

(Héctor Vanolli y Francisco Alfaro Pareja, editores del libro, en su presentación)

Es por ello urgente promover un debate sobre una reforma electoral que busque atender estas deficiencias a fin de reimpulsar la confianza en el sistema político y sus instituciones y fortalecer los mecanismos en los que se apoya la legitimidad de origen de la democracia.

Politólogo / Doctor en Estudios de Paz y Conflictos