Por:
Francisco Alfaro Pareja
@franciscojoseap
Uno de los temas de discusión en la mesa de diálogo
que se desarrolla actualmente entre el gobierno y la oposición en Venezuela es
la designación de los nuevos magistrados del TSJ y de los rectores del CNE,
cuyos períodos han vencido, bajo los criterios de amplitud y pluralidad que
reclama el país hace varios años. Sería importante, en estos momentos de
polarización y crisis, que aquellos rectores cuyos períodos no han vencido
pusieran sus cargos a la orden para renovar totalmente el CNE bajo criterios de
profesionalismo y no militancia política que, dicho sea de paso, son los
criterios formales establecidos en la Constitución y la Ley. Eso sería una
señal importante de lo que necesita el país y de lo que la mesa puede ofrecer
para canalizar el conflicto pacífica y efectivamente.
Sin embargo, hay otros temas sobre los cuales es necesario
impulsar un debate y que deben ser revisados con urgencia. Es el caso de
nuestro sistema electoral el cual, si bien nadie duda cuente con una plataforma
tecnológica muy avanzada, tiene una serie deficiencias en cuanto a: una
normativa legal que no se ha adaptado a las nuevas circunstancias, tales como
la reelección continua y sin límites que se aprobó en Venezuela en el año 2009;
instituciones poco imparciales para administrar las elecciones y dirimir las
controversias; inequidad en las
condiciones en que se desarrollan las campañas electorales.
Sobre este último punto, fue presentado en días
recientes en Caracas el libro “Campañas electorales, ventajismo y reelección
presidencial en América Latina”, de editorial Alfa y el Centro Carter, del cual
soy editor junto a Héctor Vanolli. El libro ofrece una visión comparativa de
cinco países del continente, además de los casos de Estados Unidos y Puerto
Rico, acerca de aquellas medidas legales y reformas institucionales que se han
implementado para garantizar unas condiciones más equitativas y justas para
todos los candidatos y contrarrestar el ventajismo, fundamentalmente, de los
candidatos a reelección a puestos ejecutivos, los cuales suelen contar con
ventajas naturales en la contienda electoral. Si a esto le sumamos la
progresiva implementación de la reelección presidencial a partir de finales del
siglo pasado, se generan nuevas ventajas en un continente profundamente
presidencialista.
En este contexto, Venezuela es un caso complejo entre
los países democráticos del hemisferio en cuanto a la poca capacidad del
sistema electoral de garantizar condiciones equitativas a todos los candidatos
en las campañas proselitistas. Aparte de ser un caso único (ahora junto a
Nicaragua) donde el presidente de la República puede reelegirse de manera
indefinida, las ventajas para el candidato en ejercicio aumentan porque: a) el
país no cuenta con financiamiento público directo o indirecto a los candidatos
o partidos políticos; b) no se ofrecen espacios gratuitos en los medios de
comunicación para propaganda electoral; c) no hay obligación de hacer público
el origen de las contribuciones de la campaña ni hay topes establecidos a los
gastos hechos en la misma; d) no se establecen penalidades políticas por infringir
las normas electorales referidas al financiamiento político; e) la propaganda
electoral se interpreta de manera restringida y no de manera amplia; f) no se
establecen prerrogativas para la limitación en la promoción e inauguración de
obras públicas ni límites especiales a las cadenas presidenciales en período de
campañas electorales.
(Héctor Vanolli y Francisco Alfaro Pareja, editores del libro, en su presentación)
Es por ello urgente promover un debate sobre una
reforma electoral que busque atender estas deficiencias a fin de reimpulsar la
confianza en el sistema político y sus instituciones y fortalecer los
mecanismos en los que se apoya la legitimidad de origen de la democracia.
Politólogo /
Doctor en Estudios de Paz y Conflictos
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