(Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, dirigente político venezolano)
Por:
Francisco Alfaro Pareja
@franciscojoseap
En días recientes Vladimir Villegas entrevistó al Dr.
Eduardo Fernández, quien planteó la necesidad de “un nuevo gobierno ya”, sin la
renuncia del presidente Maduro. Una salida constitucional, democrática y
sensata. En síntesis, planteó la renovación total de su gabinete con la gente
más brillante y capaz del país sin importar su procedencia política, ante la
demostrada incapacidad del gabinete actual para enfrentar la peor crisis
económica, política y social de nuestra historia democrática. En mi opinión,
una opción viable que se suma a las de Heinz Dieterich y Lula meses atrás. Sin
embargo, en nuestros días pareciera que la sensatez es polémica, y cuando esto
sucede es un muy mal signo. También los presidentes Mujica y Correa han venido haciendo
observaciones pertinentes y urgentes acerca de la forma en que el gobierno venezolano
está manejando las cosas.
(Lula Da Silva, ex presidente del Brasil)
Sensato sería: promover la designación de un CNE y un
TSJ profesional e imparcial; impulsar decididamente una negociación sincera y
efectiva en la mesa de diálogo; plantear un cambio en el modelo económico y
financiero; reimpulsar la producción nacional y dar garantías al sector
privado; abandonar las banderas de la revolución, el socialismo y la unión
cívico militar y volver al cauce de la Constitución de 1999; descriminalizar la
protesta pacífica; amnistiar o indultar a los presos por causas políticas;
garantizar a los manifestantes los Derechos Humanos; impulsar una Comisión de
la Verdad imparcial; hacer sostenibles los programas sociales; promover una
sociedad que sostenga al Estado y no a la inversa; revelar la lista de los
culpables por corrupción y sancionarlos; promover una reforma electoral.
Sin embargo, estas propuestas son vistas por algunos sectores
políticos como “pactistas” o como “traición al pueblo”. Los hechos hablan por
sí solos. Por favor, un poco de sensatez y lealtad por el país.
La designación de un Poder Electoral profesional y
que exprese pluralidad e imparcialidad en Venezuela, es una necesidad innegable
para la paz. Sin embargo, no es suficiente. El país necesita con urgencia una
reforma electoral.
La reforma constitucional por referéndum que permitió
la reelección continua en nuestro país en el año 2009, no vino acompañada de
una reforma a la Ley de Procesos Electorales ni a su Reglamento. Esto trajo
como consecuencia una serie de conflictos entre enero y marzo de 2013 debido a
que la Constitución no prevé medidas precisas ante la novedad que representaba
la ausencia temporal o permanente de un presidente reelecto.
Por otra parte, la ley define de manera restringida
la propaganda electoral, lo cual genera ventajas a los candidatos en ejercicio
los cuales no están limitados a hacer publicidad de su gestión a través de
mensajes institucionales o en el uso de
las llamadas cadenas. Tampoco hay una regulación explícita de la propaganda en
el período de pre campaña.
Es necesario también especificar más y hacer cumplir
la normativa electoral vigente en cuanto a la limitación de la participación de
funcionarios públicos en la campaña, el uso de recursos del Estado para estos
fines, así como y facilitar el libre y equitativo acceso a los medios de
comunicación para la emisión de propaganda. Por otra parte, Venezuela es el
único país de la región que no permite el financiamiento público a los partidos
ni a los candidatos, lo cual ha generado profundas desigualdades.
(Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas, Centro Carter)
Finalmente, se generaría más confianza si se le da un
mayor peso a los comprobantes en papel que emite la máquina electoral al
momento de realizar el voto a la hora de una verificación posterior y si se
realiza una auditoría de las huellas con testigos de todos los partidos, así
como del Registro Electoral que permita su depuración oportuna.
Estas fueron algunas de las recomendaciones
presentadas por expertos de diversos sectores para promover una reforma
electoral en el marco del Seminario Internacional “Democracia y Procesos
Electorales”, realizado esta semana bajo los auspicios del Centro Carter, quien
además presentó su informe final de las elecciones presidenciales 2013 en
Venezuela. Aportes para un debate plural, constructivo y con miras a un futuro
más pacífico y democrático.
(Para descargar el informe final del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/venezuela-final-rpt-2013-elections-spanish.pdf )
Esta semana el secretario general de la MUD, Remón
Guillermo Aveledo anunció el congelamiento de la mesa del diálogo entre
gobierno y oposición. Este anuncio tiene que ser tomado con la altura de miras
que requiere el país.
El país se encuentra, sin exagerar, en la peor crisis
política, institucional, económica y social de este siglo y la élite política
no está logrando canalizar efectivamente las demandas y necesidades de la
población. Si bien es cierto que se está avanzando lentamente en materia
económica y en la conformación de las Comisiones para la elección de los
rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, la paralización de este espacio debe llamarnos urgentemente a la
reflexión.
Desde un inicio se conocían las profundas debilidades
de la Mesa: a) ausencia de condiciones mínimas; b) falta de voluntad política
para la negociación por parte del gobierno nacional; c) indefinición del rol del
tercero de buena fe (UNASUR y Vaticano); d) doble rol de una de los sectores
como “parte” y como “facilitador”; e) falta de consenso y neutralidad en el
lugar de reunión; f) división interna de las partes.
Diversas encuestas del país han señalado que más del
80% de la población quiere diálogo y cooperación entre sus autoridades. Sin
embargo, este sentimiento nacional no se expresa activamente en las calles. Es
decir, se observa una profunda ausencia de empoderamiento de la sociedad para
presionar activamente el diálogo y rechazar posturas polarizadoras, excluyentes
y violentas. Al cerrarse el espacio de la diplomacia queda - esperemos que sea
sólo temporalmente - el espacio de la violencia callejera de estos últimos 3
meses.
Adicionalmente, existe en ambos sectores una pérdida
progresiva de legitimidad en sus dirigentes y de unidad, producto de las pugnas
internas, los egos políticos y las contradicciones. Tanto en la oposición como
en el sector pro gubernamental existe creciente incertidumbre y un proceso de
radicalización in crescendo. En el
primero, muchos cuestionan el alejamiento del gobierno nacional de la
Constitución, del debido proceso y de los Derechos Humanos y, a su vez, la
presencia de la oposición en una mesa que ha dado escasos resultados. Por su
parte, los seguidores del gobierno nacional están confundidos por las acciones
económicas y financieras de un gobierno “socialista”, la impunidad por
corrupción y el diálogo con la oposición política, a quienes permanentemente
denomina como apátridas.
A todo el país le conviene que se abra una mesa de
negociación que permita acuerdos y cambios urgentes y evite que las
acciones extremistas lleven al país al abismo. Hay diversas salidas políticas,
democráticas y apegadas a la Constitución. Pero todo depende de la sensatez, la
pluralidad, la despolarización, el coraje y el entendimiento de que el país es
de todos.
Politólogo /
Doctor en Estudios de Paz y Conflictos
Uno de los temas de discusión en la mesa de diálogo
que se desarrolla actualmente entre el gobierno y la oposición en Venezuela es
la designación de los nuevos magistrados del TSJ y de los rectores del CNE,
cuyos períodos han vencido, bajo los criterios de amplitud y pluralidad que
reclama el país hace varios años. Sería importante, en estos momentos de
polarización y crisis, que aquellos rectores cuyos períodos no han vencido
pusieran sus cargos a la orden para renovar totalmente el CNE bajo criterios de
profesionalismo y no militancia política que, dicho sea de paso, son los
criterios formales establecidos en la Constitución y la Ley. Eso sería una
señal importante de lo que necesita el país y de lo que la mesa puede ofrecer
para canalizar el conflicto pacífica y efectivamente.
Sin embargo, hay otros temas sobre los cuales es necesario
impulsar un debate y que deben ser revisados con urgencia. Es el caso de
nuestro sistema electoral el cual, si bien nadie duda cuente con una plataforma
tecnológica muy avanzada, tiene una serie deficiencias en cuanto a: una
normativa legal que no se ha adaptado a las nuevas circunstancias, tales como
la reelección continua y sin límites que se aprobó en Venezuela en el año 2009;
instituciones poco imparciales para administrar las elecciones y dirimir las
controversias; inequidad en las
condiciones en que se desarrollan las campañas electorales.
Sobre este último punto, fue presentado en días
recientes en Caracas el libro “Campañas electorales, ventajismo y reelección
presidencial en América Latina”, de editorial Alfa y el Centro Carter, del cual
soy editor junto a Héctor Vanolli. El libro ofrece una visión comparativa de
cinco países del continente, además de los casos de Estados Unidos y Puerto
Rico, acerca de aquellas medidas legales y reformas institucionales que se han
implementado para garantizar unas condiciones más equitativas y justas para
todos los candidatos y contrarrestar el ventajismo, fundamentalmente, de los
candidatos a reelección a puestos ejecutivos, los cuales suelen contar con
ventajas naturales en la contienda electoral. Si a esto le sumamos la
progresiva implementación de la reelección presidencial a partir de finales del
siglo pasado, se generan nuevas ventajas en un continente profundamente
presidencialista.
En este contexto, Venezuela es un caso complejo entre
los países democráticos del hemisferio en cuanto a la poca capacidad del
sistema electoral de garantizar condiciones equitativas a todos los candidatos
en las campañas proselitistas. Aparte de ser un caso único (ahora junto a
Nicaragua) donde el presidente de la República puede reelegirse de manera
indefinida, las ventajas para el candidato en ejercicio aumentan porque: a) el
país no cuenta con financiamiento público directo o indirecto a los candidatos
o partidos políticos; b) no se ofrecen espacios gratuitos en los medios de
comunicación para propaganda electoral; c) no hay obligación de hacer público
el origen de las contribuciones de la campaña ni hay topes establecidos a los
gastos hechos en la misma; d) no se establecen penalidades políticas por infringir
las normas electorales referidas al financiamiento político; e) la propaganda
electoral se interpreta de manera restringida y no de manera amplia; f) no se
establecen prerrogativas para la limitación en la promoción e inauguración de
obras públicas ni límites especiales a las cadenas presidenciales en período de
campañas electorales.
(Héctor Vanolli y Francisco Alfaro Pareja, editores del libro, en su presentación)
Es por ello urgente promover un debate sobre una
reforma electoral que busque atender estas deficiencias a fin de reimpulsar la
confianza en el sistema político y sus instituciones y fortalecer los
mecanismos en los que se apoya la legitimidad de origen de la democracia.
Politólogo /
Doctor en Estudios de Paz y Conflictos
A pesar de que los representantes del gobierno y la
oposición venezolana no lo declaren formalmente, en la reunión del martes 15 de
abril la Mesa inició un proceso de negociación. El ser humano es un ser
conflictivo que regula la mayor parte del tiempo sus diferencias por vías
pacíficas. Estamos tan acostumbrados a esta dinámica que pasamos por alto que
la negociación y el pacto son parte de nuestra rutina diaria. Obviamente, en un
contexto de polarización política como el de Venezuela, gobierno y oposición
deben mantener ciertas formas que permitan a los copartidarios hacer ver que le
están ganando el juego al contrincante.
El gobierno se vio finalmente en la necesidad de
abrir este espacio (que en principio debía ser la Asamblea Nacional) por la
presión de calle que la oposición y el sector estudiantil viene desarrollando
desde febrero pasado. Para generar un escenario de negociación en el ámbito
político es fundamental la existencia de un equilibrio (aunque sea imperfecto)
de fuerzas entre las partes en conflicto. Estas acciones de calle, aunado a la
grave situación económica y financiera que enfrenta el país, son las que han
permitido a la oposición crear un poco de músculo para hacer frente al poder
del gobierno central que dispone de los órganos de seguridad, la FAN, la renta
petrolera, la mayoría de los medios de comunicación, la influencia en los
poderes nacionales restantes y una importante organización de base.
Para la oposición, representar al 49,9% de Venezuela
no era suficiente para forzar una mesa de negociación. Ahora lo ha logrado. Sin
embargo, tal como afirma el internacionalista Demetrio Boersner, es su artículo
titulado “Ambos son necesarios”, publicado en el diario El Nacional en días
recientes, la oposición se enfrenta a un falso dilema que debe sortear.
Pareciera que el hecho de que la mayor parte de la MUD esté dialogando con el
gobierno está desestimulando las acciones de calle, con lo cual el músculo se
estaría debilitando. Por su parte el gobierno, en una posición de mayor
comodidad aunque inestable, también ha sido cuestionado por sus sectores más
radicales ante la creación este espacio de dialogo. Por ello vemos aún el
levantamiento de su voz con declaraciones dirigidas a satisfacer a los más
puristas del sector pro gubernamental.
Ambos sectores en la Mesa han condenado la violencia,
han ido generando pequeños consensos, se han comprometido en discutir algunos
de los puntos más polémicos y con el respeto a la Constitución. Sin embargo, el
apego a la Carta Magna parece haberse dejado en términos generales o, al menos,
se ha aplazado para otro momento, ya que entrar en su examen detallado podría
generar desencuentros insalvables entre las partes. Insistir en promover la
Revolución, el Socialismo del siglo XXI, el Estado Comunal y la Unión Cívico
Militar es inconstitucional. Si esta sigue siendo la consigna del
gobierno, ¿cómo condenar a los que respaldan “La Salida” del “Maduro vete ya”
amparados en el artículo 350 de la Constitución? Este tema tendrá que abordarse
en algún momento y no nos debería de extrañar la posibilidad de canalizar esta
diferencia mediante un nuevo proceso refrendario a mediano plazo.
La Mesa sigue siendo una instancia débil, con muchos
aspectos por definir y con enemigos tanto internos como externos. A su vez, el
gobierno nacional parece no haber concientizado aún la gravedad de la situación
y de su rol crucial. Sin embargo, depende de la población empoderar activamente
a la Mesa como espacio del reencuentro necesario entre los venezolanos.
Politólogo / Doctor
en Estudios de Paz y Conflictos
La primera reunión entre el
gobierno nacional y un sector mayoritario de la oposición política del país, realizada entre el 10 y 11 de abril de 2014, con la participación como tercero de buena fe UNASUR y el Nuncio Apostólico como
representante del Vaticano en Venezuela fue planteada, más que como una mesa de
trabajo sobre temas comunes, como un conjunto de micro discursos donde cada
vocero expuso las inquietudes de las partes, y en ocasiones, contra argumentó. Destaca
el evento como hecho comunicacional debido al mensaje de reconocimiento a pesar
de las diferencias mutuas y la posibilidad de que las inquietudes de los
diversos sectores políticos hayan llegado a todo el país en cadena nacional y a
través de la cobertura de medios internacionales. Por otra parte, resaltan los
siguientes puntos sobre elementos claves en mesas de diálogo y negociación en
esta primera reunión:
1.No quedó claro el alcance de la mesa:
¿es una mesa de diálogo o de negociación? El diálogo entre los sectores
políticos es una necesidad desde hace 15 años. Esto que hoy es excepcional,
debería ser algo rutinario de la dinámica democrática. Ahora la pregunta ¿es
suficiente un diálogo para atender la escalada del conflicto? Sin lugar a dudas
es necesario que los actores se reconozcan pero no parece suficiente. ¿Es una
mesa de negociación y acuerdos? Por las declaraciones de voceros de ambas
partes, dicha mesa no es para negociar. Pero ¿será esta una declaración para
quedar bien ante los seguidores en esta reunión pública o será la intención
real de los voceros de la mesa? Por otra parte, ¿se planteará en algún momento
una reunión en privado o las subsiguientes reuniones serán públicas también? Si
bien transmitir una reunión en cadena nacional fomenta la transparencia ante
los seguidores y disminuye perspicacias, dificulta la posibilidad de hablar
sobre temas más complejos y llegar a diferentes acuerdos que necesita el país
con urgencia, incluso a través de la negociación.
(Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro)
2.La Constitución es el marco de
entendimiento: El hecho que se declare de manera pública el consenso en
cuanto a la carta magna como pacto social es un elemento fundamental, porque
ambas partes se comprometen ante el país a apegarse a sus valores, principios y
articulado. Esto debe generar cambio y rectificación en decisiones, programas,
proyectos y acciones en ambas partes, pero fundamentalmente en el gobierno
nacional. Sin embargo, cuando algunos de los voceros de las partes fueron al
detalle de cómo interpretaba y aplicaba la Constitución hubo serios
desacuerdos. Esta es la médula del conflicto: dos modelos confrontados, uno de
los cuales se aleja progresivamente de la Constitución. He aquí un reto: que la
Constitución vuelva a ser el marco de actuación real de la dirigencia política
en su conjunto, indiferentemente del bando. No es un tema accesorio, pero son
más los temas que nos unen a los venezolanos que las diferencias que nos quieren
imponer algunos.
3.Ausencia de una agenda compartida: Si
bien el día martes 8 de abril, tanto el gobierno y la oposición presentaron una
serie de puntos para el diálogo, la dinámica de la reunión no se apegó a una
agenda común. Ambas partes a través de sus voceros desarrollaron brevemente
cada tema (Oposición: proyecto de Ley de Amnistía; poderes independientes y
plurales; Comisión de la Verdad imparcial;
desarme de grupos armados con observación internacional y el Gobierno: acciones
sobre temas comunes y trabajo conjunto en materia económica), pero la discusión
no se apegó a un orden de puntos de discusión y al final se decantó por
reflexiones importantes pero sin un orden específico. La propuesta del
presidente Maduro de crear un Mecanismo de Enlace entre gobierno y oposición
para darle continuidad a la iniciativa de diálogo ha demostrado no ser muy
efectiva en otras instancias, tales como sucedió con los alcaldes y
gobernadores opositores debido a su improvisada estructura y funcionamiento.
4.El tercero de buena no tiene un rol
definido: El rol de los cancilleres de UNASUR y del Vaticano, en la persona
del Nuncio, no fue acordado y definido claramente por ambas partes. Este factor, que es crucial para velar por
las condiciones de la mesa, la metodología, el tiempo de intervención, la
organización de puntos de la agenda, el cumplimiento y seguimiento de
compromisos, debilita la posibilidad que los logros de la mesa pasen del mero
hecho del reconocimiento y la interacción por vías dialógicas (que no deja de
ser importante, pero no suficiente). Por otra parte, la ambigüedad de este rol
puede afectar la imagen y crea dudas sobre la responsabilidad de UNASUR y el
Vaticano en su capacidad para generar aportes efectivos para que gobierno y
oposición lleguen a acuerdos que redunden en la solución del conflicto. UNASUR
y el Vaticano deberían solicitar la definición clara del alcance de su rol, sea
este el de facilitador, testigo, mediador, etc. Quizá por eso el Vaticano, por
un tema de prudencia e incertidumbre, aún no ha respondido a la invitación a
Pietro Parollin. Por otra parte, destaca el hecho que una de las partes del
conflicto (el gobierno) sea la que haya moderado la reunión y esta se haya
hecho en la sede del palacio presidencial, lo cual no asegura la igualdad de
condiciones entre las partes.
(Secretario General de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo)
5.Condena de la violencia y preocupación por
la situación de los estudiantes: tanto los voceros del gobierno como los de
la oposición reafirmaron su compromiso de rechazar los actos de violencia y
ocuparse de la situación de los estudiantes que ha sido el sector que más lo ha
sufrido los embates del conflicto. La oposición planteó la necesidad de
convocarlos a una reunión porque ellos han sido parte fundamental de las
protestas, la cual fue aceptada por el gobierno nacional (en principio para el
día martes 15 de abril). No obstante, hubo diferencias en identificar el origen
y los responsables de la violencia.
6.Empatía en el riesgo de participar en la
mesa: Fue interesante observar la manifestación de empatía mutua por el
riesgo que implica participar de dicha mesa por la reacción que a lo interno
podrían tener los sectores más radicales de cada parte. Lo más destacable es
que dicha manifestación de empatía vino de dos voceros tan disímiles como Henry
Ramos Allup y Blanca Eekhout.
7.Los voceros y el saboteo a la iniciativa de
diálogo: Este tipo de iniciativas, más aún cuando el conflicto no está
maduro (donde no se ha generado una verdadera necesidad de diálogo y un
reconocimiento de la importancia de ceder) suele ser afectado por los sectores
extremos de ambas partes que no creen que la salida al conflicto pasa en
principio por vías dialógicas y pacíficas. No obstante, en esta primera
reunión, ambos sectores lograron sortear este obstáculo. Sin embargo, es
necesario decir que si no se define claramente el alcance de esta mesa, será
cada vez más difícil superar este factor. Por otra parte, los voceros de esta
mesa, que son representativos del grupo más importante del gobierno y la
oposición, tendrán que velar por la progresiva incorporación de los sectores
que no se sienten reflejados en esta iniciativa, por razones de diversa índole.
Es importante que las partes y
los terceros definan y aborden estos elementos lo más pronto posible para que
la mesa de diálogo no genere expectativas falsas y no sea un tiempo derrochado
que el país no puede darse el lujo de perder.
Por otra parte la mesa transcurre
en el marco de la conmemoración de los sucesos de abril de 2002. El ministro
Ernesto Villegas celebró el día de hoy que este 11 de abril el acercamiento con
la oposición se esté dando en condiciones de reconocimiento. Henry Ramos Allup
de Acción Democrática reconoció ayer en la reunión que en dicha fecha existió un
vacío de poder y luego un golpe de Estado (¿un ejercicio de empatía? Probablemente).
No obstante, la conmemoración de dichos eventos suele estar cargada de mucha
emocionalidad y discursos subidos de tono que, en este marco, podrían afectar
las próximas (o deseables) reuniones de la mesa de diálogo. Ojala que sea, por
el contrario, una oportunidad para la sensatez y la empatía.
En lo particular aplaudo la
iniciativa del encuentro y espero que, tal como se declaró en cadena nacional,
la Constitución se restituya como pacto social que une a los venezolanos.
La inmensa mayoría del pueblo venezolano quiere paz,
diálogo y acuerdos. La más reciente medición de la encuestadora Datos, señaló
que el 87 % de la población considera que el Gobierno y la Oposición deben
llegar a acuerdos a través del diálogo. Si esto es así de una manera tan aplastante
¿por qué dicho sentimiento no se expresa de manera contundente en la opinión
pública? Sin lugar a dudas, la estrategia de la polarización empleada para la
captación de adeptos hacia una causa política y electoral es una de las principales
responsables.
Pero ¿qué es la polarización? Según la experta
venezolana en la materia y profesora del Instituto de Psicología de la Universidad
Central de Venezuela, Mireya Lozada, la polarización política es un fenómeno
que genera una visión excluyente del nosotros vs./ ellos y una sustitución del
diálogo por posiciones intolerantes, muy cargadas emocionalmente. Esto produce
problemas en la convivencia social y obstaculiza las posibilidades del
desarrollo de los países (Temas de Formación Sociopolítica, Centro Gumilla, Nº
49, 2009). Para avanzar en la
canalización pacífica del conflicto actual en Venezuela, es necesario despolarizar
la dinámica política.
Para ello es fundamental el empoderamiento pacifista
de la sociedad, es decir, generar un reconocimiento de las capacidades de los
venezolanos para la convivencia, la tolerancia y el respeto ya presentes en su
comportamiento desde hace muchos años. Justamente, uno de los más grandes
dramas que enfrenta nuestro país desde el año 2002 es que, a pesar que la
mayoría de la población es tolerante y convive sanamente en medio de una
pluralidad de tendencias políticas, los sectores extremistas monopolizan la
opinión pública y hacen creer que el país se encuentra en una división
insalvable de visiones de mundo.
Sólo a través del empoderamiento pacifista es posible
romper esa matriz de opinión y presionar de manera activa a nuestra dirigencia a
favor de la despolarización Venezuela y de la generación de un espacio de
diálogo efectivo entre los diversos sectores del país.
En Venezuela son más los espacios que nos unen que
los puntos que nos separan. La Constitución de la República es el gran espacio
macro de encuentro e inclusión. Una Constitución aprobada por referéndum en
1999 y reafirmada por referéndum consultivo en 2007; una Constitución inclusiva
que no da cabida a la exclusión política y social.
El país puede ser llevado al abismo de un conflicto
armado, pero también hacia el reencuentro de su sociedad. De los ciudadanos
depende hacia donde queremos que nos lleven ó hacia donde queremos encauzar el
país.
